El presidente Javier Milei ha encendido el debate político y estratégico en Argentina tras autorizar, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 697/2025), el ingreso de tropas de Estados Unidos al territorio nacional para el ejercicio militar conjunto denominado “Operación Tridente”. La medida, que se toma sin el aval del Congreso Nacional, destina más de 60 millones de pesos argentinos del presupuesto nacional para financiar la estadía de las fuerzas extranjeras, generando fuertes críticas.
Detalles de la Operación y Costo
La «Operación Tridente» se desarrollará entre el 26 de octubre y el 15 de noviembre en tres bases navales clave: Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, además de diversas áreas marítimas y terrestres destinadas al entrenamiento especializado.
El costo total de la operación recaerá en el Estado argentino, específicamente en la Armada, con un presupuesto estimado que asciende a $60.211.157. Fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron que esta millonaria suma ya forma parte del presupuesto asignado a la Armada dentro de la jurisdicción de Defensa.
Justificación Oficial y Críticas por Soberanía
El gobierno de Milei, con el ministro de Defensa, Luis Petri, a la cabeza, defiende la decisión como una “oportunidad estratégica” para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas argentinas.
Según el DNU, el objetivo principal es “intercambiar procedimientos, técnicas y tácticas de entrenamiento entre Fuerzas Especiales” para mejorar la coordinación multinacional, la capacidad de respuesta inmediata y el uso de tecnologías avanzadas. El Ejecutivo subraya que la experiencia de las Fuerzas Especiales estadounidenses es un “recurso invaluable” tanto para contextos de combate como para operaciones de asistencia humanitaria.
Además, el decreto enfatiza que la participación en la “Operación Tridente” demuestra el “compromiso con la estabilidad regional y la seguridad internacional” de Argentina, mejora su “reputación como socio” y contribuye a “estandarizar los procedimientos operativos”. El texto advierte que la no participación “afectaría significativamente el adiestramiento naval”.
Debate Estratégico y Rol del Congreso
La decisión ha provocado un intenso debate, centrado en dos ejes principales: la implicancia estratégica de ceder entrenamiento en bases claves como Ushuaia, y la vulneración del proceso constitucional al utilizar un DNU para autorizar el ingreso de tropas extranjeras, una potestad que tradicionalmente requiere la aprobación del Congreso Nacional.
Críticos de la medida señalan que el uso del DNU sortea el control legislativo sobre una decisión que toca fibras sensibles de la soberanía nacional y compromete recursos económicos significativos ($60 millones de pesos) en un momento de crisis económica, contrastando con otras erogaciones como el reciente bono de $500 mil pesos lanzado para empleados de Anses. Pese a la controversia, el presidente Javier Milei y su equipo mantienen su posición, calificando la operación como un paso fundamental para la modernización militar y la política exterior del país.
