En una medida sin precedentes para la dinámica institucional de Balcarce 50, la Presidencia de la Nación ordenó este jueves la eliminación del registro de huellas dactilares y la prohibición de ingreso a todos los trabajadores de prensa acreditados.

La decisión, que afecta a más de 60 cronistas de diversos sectores, se fundamentó en una presunta campaña de “espionaje ilegal” contra la administración nacional.Al llegar a la sede gubernamental, los periodistas se encontraron con un operativo conjunto de la Casa Militar y la Policía Federal que, listado en mano, impidió el acceso a las salas de prensa habituales.

Según trascendió de fuentes oficiales, la medida tiene carácter “preventivo” tras la difusión de imágenes del interior de la sede de Gobierno en informes periodísticos recientes que abordaron las dinámicas internas del gabinete.

El bloqueo de los accesos coincide con una serie de publicaciones del presidente Javier Milei en sus redes sociales, donde validó mensajes que califican a los trabajadores de prensa como “basuras repugnantes”. A través de su cuenta de Instagram, el mandatario compartió contenido que celebra la restricción de ingreso, acompañando la narrativa oficial que vincula la labor periodística con maniobras de descrédito internacional.

Esta restricción generalizada sucede a medidas previas de hace semanas, cuando ya se había limitado el ingreso a cronistas de sectores específicos. En esta oportunidad, la Casa Militar formalizó además una denuncia penal contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, a quienes se acusa de haber filmado áreas restringidas del edificio histórico.

El cierre de puertas a la prensa local se produce en la misma jornada en que el jefe de Estado mantiene una audiencia con el magnate Peter Thiel, fundador de Palantir Technologies. El encuentro ha despertado interrogantes en sectores especializados debido al perfil de Thiel, conocido por su postura crítica hacia la compatibilidad entre libertad y democracia, y por el liderazgo de su empresa en el análisis de datos a gran escala y servicios de inteligencia.

Se especula que la reunión podría estar vinculada a la posible contratación de servicios de rastreo y análisis de datos, en un contexto donde el Gobierno endurece su política de seguridad interna y control de la información institucional.

Hasta el momento, no se ha informado si la medida es temporal o si se establecerá un nuevo sistema de acreditación. La decisión genera una parálisis en la cobertura directa de los actos de gobierno y en la realización de las habituales conferencias de prensa, dejando el flujo informativo oficial supeditado exclusivamente a los canales digitales y transmisiones directas del Ejecutivo.