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El prestigioso constitucionalista aseguró que el proceso ya está «cristalizado» tras la convocatoria a elecciones y la publicación en el Boletín Oficial. Alertó que un retroceso legislativo generaría inseguridad jurídica y podría terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El debate sobre la reforma de la Constitución en Tierra del Fuego sumó este jueves una voz de peso nacional. Daniel Sabsay, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y referente académico en la materia, manifestó su tajante rechazo a la posibilidad de que la Legislatura provincial derogue la ley que declaró la necesidad de la reforma.
En declaraciones radiales, el jurista fue categórico al ser consultado sobre si el proceso puede interrumpirse en esta instancia: “Absolutamente no, ya no se puede interrumpir el proceso de reforma de la Constitución”. Sabsay fundamentó su postura señalando que, tras la ratificación del Superior Tribunal de Justicia y la posterior firma del decreto del Poder Ejecutivo fijando fecha de elecciones, el procedimiento ha superado cualquier etapa de revisión legislativa ordinaria.
Frente al dictamen que impulsa un sector político en la Legislatura para dejar sin efecto la convocatoria original, el especialista explicó que la ley de necesidad de reforma no es una norma común. “Es una ley especial que decide la decisión más importante, que es el ejercicio del poder constituyente”, señaló, calificándola como una “supraley” que escapa incluso al poder de veto del Ejecutivo.
Para Sabsay, el intento de dar marcha atrás representaría una anomalía institucional grave. “Eso sería abiertamente inconstitucional y podría ser caso federal, podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, advirtió, subrayando que una vez dictada la norma y convocado el comicio, el procedimiento se encuentra “cristalizado”.
Uno de los puntos centrales de la argumentación del constitucionalista reside en el respeto a los ciudadanos. Sabsay remarcó que, con el decreto publicado en el Boletín Oficial, ya existen candidatos con expectativas y electores con derecho a votar. “Derogar eso sería defraudar expectativas y confundir totalmente al electorado. Acá los que importan son los gobernados, no los gobernantes”, sentenció.
Asimismo, vinculó esta inestabilidad normativa con la crisis económica que atraviesa la provincia. Según el letrado, las idas y vueltas políticas generan un clima de «inseguridad jurídica» que ahuyenta inversiones y agrava la pérdida de puestos de trabajo en el distrito. “No puede ser que el proceso electoral vaya y venga a favor de quienes deben ser elegidos. El rumbo debe ser construir un escenario de seguridad jurídica”, concluyó.
Finalmente, Sabsay aclaró que, si bien el proceso debe seguir su curso, la potestad de reformar o no los artículos recae exclusivamente en los futuros convencionales constituyentes. Explicó que los elegidos podrían asumir y decidir no tratar ningún tema o considerar que no hace falta modificar la Carta Magna, cerrando así la convención. Lo que resulta inadmisible, según su análisis, es que el Poder Legislativo intente retrotraer el proceso antes de que los representantes del pueblo se reúnan.