admin 
Una profunda preocupación y un fuerte rechazo generó en la provincia la decisión de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que en medio del proceso de intervención del Puerto de Ushuaia preadjudicó un millonario contrato por $470.418.960 a la firma Mercado de Soluciones S.A. para la prestación de servicios de limpieza integral y mantenimiento edilicio por apenas seis meses.
La medida centraliza las críticas no solo por la abultada cifra —que supera los $78 millones mensuales por servicios operativos básicos—, sino por la flagrante marginación del sector empresario y laboral fueguino, ya que la proveedora beneficiada es una empresa radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), sin ningún tipo de anclaje territorial en la provincia.
De acuerdo con el dictamen de la comisión evaluadora, el millonario presupuesto se desglosa en $329.257.200 destinados a la limpieza integral (aproximadamente $54,9 millones mensuales), $98.396.400 para mantenimiento edilicio y un fondo de $42.765.360 para eventuales. El monto asignado a la higiene representa casi el 70% del total de la licitación, constituyendo una de las erogaciones operativas más elevadas del expediente.
El elemento que despertó mayores interrogantes políticos y gremiales en la isla es el domicilio fiscal y legal de la adjudicataria. Según consta en las actuaciones administrativas, la firma opera con una línea telefónica con prefijo 011 (11 3692-2479), declara sede social en plena Avenida Corrientes en la Capital Federal y cuenta con balances auditados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño. De esta manera, la caja generada por la principal infraestructura portuaria de Tierra del Fuego —clave para la actividad turística de cruceros y la logística antártica— terminará financiando la estructura comercial de una firma ajena a la realidad local.
Asimismo, la contratación desnuda un profundo cambio en el modelo administrativo impuesto por la intervención nacional. En sus estados contables, la empresa preadjudicada explicita su objeto social orientado al outsourcing y la subcontratación de personal. Con este esquema, la ANPyN privatiza la gestión del mantenimiento portuario por la vía externa, desplazando las capacidades operativas locales y consolidando un modelo centralista.
Sectores políticos y sociales de la provincia advirtieron que mantendrán bajo estrecha vigilancia el avance del expediente administrativo —a la espera de la firma del acto de adjudicación definitiva—, alertando sobre el grave perjuicio que significa la fuga de recursos públicos provinciales hacia casas matrices ubicadas en el centro del país en detrimento de la economía fueguina.