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En un acontecimiento de profunda trascendencia jurídica, geopolítica e institucional para la defensa de los recursos naturales y la soberanía de la Nación, la Fundación Agustina Lerena interpuso una demanda colectiva de alcance internacional que sacude el debate en torno a la explotación de la riqueza marítima del Atlántico Sur. La presentación judicial pone bajo la lupa la actividad pesquera desarrollada de manera unilateral e ilegítima en la zona circundante a las Islas Malvinas, marcando un hito en la persecución legal de los perjuicios económicos y ecológicos sufridos por el país a lo largo de décadas.
El reclamo económico promovido en la acción legal asciende a la imponente y precisa cifra de US$ 26.464.994.702, contemplando un período prolongado de 37 años de extracciones ininterrumpidas que abarca desde 1989 hasta 2025. Este volumen financiero responde a la cuantificación del valor de los recursos ícticos sustraídos de forma irregular de la jurisdicción nacional, afectando de manera directa el patrimonio soberano y las reservas naturales del país en el mar austral.
A diferencia de los planteos judiciales tradicionales que solían limitarse únicamente a las empresas directamente operativas en la zona, la actual demanda adoptó un enfoque sistémico al extender su responsabilidad patrimonial y corporativa a toda la cadena de valor global que hace posible el sostenimiento y financiamiento de la operatoria. De este modo, la acción apunta con dureza contra conglomerados pesqueros, destacando un fuerte señalamiento hacia firmas de origen español, así como también contra entidades bancarias internacionales, astilleros constructores de buques y empresas aseguradoras que otorgan cobertura a la flota comercial en infracción.
Desde el punto de vista ecológico, los fundamentos de la presentación dedican un apartado central a la exigencia de resarcimiento por el daño ambiental colectivo generado sobre los ecosistemas marinos. Los impulsores advierten que la pesca desregulada y masiva durante casi cuatro décadas ha alterado gravemente el equilibrio biológico, depredando poblaciones de especies clave y comprometedores de la sostenibilidad a largo plazo de la biodiversidad en el Atlántico Sur.
Finalmente, tras la formalización de esta primera y contundente acción ante los estrados judiciales, los representantes de la Fundación Agustina Lerena adelantaron que el equipo técnico y legal ya se encuentra analizando y evaluando los pasos preparatorios para una segunda presentación, con la cual se buscará ampliar el alcance de las medidas cautelares, profundizar sobre nuevas ramificaciones de responsabilidad y robustecer el blindaje legal de los intereses soberanos de la Argentina sobre sus recursos naturales.