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El conflicto institucional por la denominación de la Casa de la Mujer en Ushuaia sumó un capítulo determinante en los tribunales. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Tierra del Fuego resolvió admitir la demanda que busca retirar el nombre “Presidente Cristina Fernández” del edificio municipal, reactivando una controversia que enfrenta al Ejecutivo de Walter Vuoto con el Concejo Deliberante.
La presentación judicial, impulsada por el concejal Valter Tavarone, sostiene que el Municipio incurrió en una “vía de hecho”: una figura jurídica que describe una acción ejecutada por la administración pública sin el respaldo legal o el acto administrativo previo que la sustente. Según el planteo del edil, el intendente avanzó con la imposición del nombre y la cartelería pese a que el cuerpo legislativo ya había rechazado formalmente dicha denominación.
Al dar curso a la demanda, los magistrados del máximo tribunal fueguino aplicaron el principio «in dubio pro actione», el cual prioriza que una causa sea analizada de fondo antes que ser descartada por tecnicismos formales. Al admitir el recurso, los jueces entienden que existen indicios suficientes para investigar si el Municipio de Ushuaia ignoró los procedimientos institucionales correspondientes.
Con esta resolución, la Justicia formalizó la notificación al intendente Walter Vuoto, quien dispone ahora de un plazo de 30 días hábiles para responder y justificar legalmente por qué se decidió avanzar con la cartelería sin el aval del Concejo Deliberante.
Lo que comenzó como una disputa por el nombre de un edificio público ha escalado a un debate sobre la calidad institucional y los límites del poder ejecutivo municipal. La demanda sostiene que la Casa de la Mujer, concebida como un espacio de políticas de género y contención, fue utilizada como una herramienta de imposición simbólica y partidaria, vulnerando los mecanismos democráticos de consenso.
El caso pone bajo la lupa si los espacios públicos deben ser bautizados por decisión unilateral o si deben responder a las normativas vigentes que delegan esa facultad en los representantes legislativos. Mientras tanto, el edificio que debería ser símbolo de unidad y protección para las mujeres fueguinas permanece en el centro de una batalla judicial que cuestiona la legalidad de su identidad.