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La administración del intendente Walter Vuoto atraviesa uno de sus momentos más complejos en términos financieros y gremiales. En el marco de una paritaria salarial estancada y un clima de creciente conflictividad en las puertas del edificio municipal, el Ejecutivo confirmó que avanzará en el Concejo Deliberante con un pedido de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa.
El escenario es crítico: la Municipalidad de Ushuaia arrastra un pasivo que ya alcanza los $12.000 millones, producto de una combinación de factores que incluyen la caída real de la coparticipación nacional, el aumento de los costos operativos por la inflación y una deuda consolidada con proveedores que condiciona la prestación de servicios básicos.
En medio de las asambleas de trabajadores que reclaman una recomposición acorde a la canasta básica fueguina, el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, defendió la propuesta del Ejecutivo consistente en un 10,33% de incremento dividido en tres tramos.
«El acuerdo que propusimos es el mejor que podemos cumplir», aseveró Iriarte, marcando una distancia con las gestiones que, en años anteriores, cerraban acuerdos por encima de sus posibilidades. «Nunca prometimos algo que no podamos pagar. Preferimos la sinceridad técnica antes que una promesa que luego derive en el corte de la cadena de pagos o en el pago escalonado de sueldos», enfatizó el funcionario.
Para el gabinete de Vuoto, el conflicto no es solo económico, sino también político. Iriarte reconoció que las tensiones con los gremios son «normales en este contexto», pero advirtió que existen «intereses políticos que buscan fogonear el conflicto» para desgastar la figura del intendente en un año clave.
Sin embargo, el punto de mayor fricción reside en la relación con el Gobierno Provincial. Desde el Palacio Municipal insisten en que la demora en el envío de los fondos coparticipables agrava la asfixia financiera. «Necesitamos previsibilidad en los recursos, más hechos que palabras», disparó Iriarte, reclamando una regularización de las remesas que permita proyectar el pago de salarios y deudas con mayor certeza.
De ser aprobada por el Concejo Deliberante, la declaración de emergencia le otorgaría al intendente facultades extraordinarias para:
- Reprogramar pasivos: Renegociar los plazos y condiciones de la deuda con proveedores.
- Reasignación de partidas: Priorizar el pago de salarios y servicios esenciales (recolección de residuos, sanidad) por sobre la obra pública nueva.
- Agilizar contrataciones: Simplificar procesos administrativos para garantizar insumos básicos en un contexto de alta volatilidad de precios.
Mientras tanto, la definición queda en manos de las bases trabajadoras, que evalúan medidas de fuerza, y del arco político legislativo, que deberá decidir si otorga o no las herramientas legales para que el Municipio gestione su deuda en un escenario donde la economía sigue marcando el ritmo de la discusión.