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La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) dispuso la venta al mejor postor de nueve hectáreas vinculadas a la Armada Argentina. El Municipio y el Gobierno provincial cuestionan la medida por omitir instancias formales de diálogo y advierten sobre la pérdida de terrenos de alto valor ambiental, histórico y geopolítico.
La decisión del Gobierno nacional de poner a la venta aproximadamente nueve hectáreas de tierras públicas en sectores sensibles de Ushuaia ha desatado una fuerte tensión institucional. El proceso, impulsado por la AABE para la privatización de inmuebles estatales, se lleva adelante sin procesos de articulación con las autoridades municipales ni provinciales, reabriendo un profundo debate sobre el destino de los espacios costeros y la soberanía en el Atlántico Sur.
El foco del conflicto se centra en predios históricamente ligados a la Armada Argentina. En el caso de las seis hectáreas contiguas al barrio «Malvinas Argentinas», cercanas al Aeropuerto Internacional, el Municipio sostiene que se trata de tierras con un valor patrimonial incalculable. Informes técnicos municipales señalan la presencia del primer edificio del presidio militar trasladado desde la Isla de los Estados, el antiguo cementerio del presidio y sectores con potencial arqueológico. A esto se suma que el Concejo Deliberante analiza actualmente un proyecto para declarar la zona como «Distrito Reserva de Costa», buscando proteger el área ante la presión inmobiliaria.
La controversia se agudizó tras la reciente Resolución 101/2026 de la AABE, que desafectó otros 2.939 metros cuadrados en la zona de la Base Naval, sobre las calles Yaganes y 44 Héroes del ARA San Juan. Aunque el Ministerio de Defensa consideró el lote como «innecesario» para el servicio, fuentes militares advierten que el predio es estratégico: integra el área proyectada para la «Base Naval Integrada», clave para la logística argentina en la Antártida y el control del pasaje bioceánico.
Para las autoridades locales, la venta al mejor postor contradice la planificación urbana de años, orientada a preservar el borde costero como patrimonio colectivo. «La discusión trasciende lo inmobiliario», señalan desde diversos sectores, cuestionando que se privatice tierra pública en la principal puerta de acceso al Atlántico Sur y la Antártida sin un debate público sobre el impacto estratégico de la medida.
Mientras el Gobierno nacional fundamenta la medida en la racionalización del patrimonio estatal y la obtención de recursos, el Ejecutivo municipal insiste en la necesidad de implementar el Plan de Manejo Integrado Costero para evitar que terrenos de uso estratégico terminen en manos privadas. De esta manera, el futuro de la capital fueguina se encuentra hoy en una encrucijada: si primará una lógica de valorización inmobiliaria o una visión de desarrollo sostenible que garantice la soberanía y la protección del patrimonio histórico y ambiental de la ciudad.