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La inhabilitación temporal del muelle secundario de catamaranes del Puerto de Ushuaia, dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) tras constatar daños estructurales críticos y corrosión severa en sus pilotes, ha dejado al descubierto un complejo entramado de contradicciones institucionales y silencios cómplices. El traslado provisorio de las operaciones al muelle comercial —infraestructura que la propia ANPYN calificó meses atrás como insegura para justificar la intervención administrativa del puerto— plantea interrogantes que los organismos nacionales, hasta el momento, han evadido.
Esta maniobra operativa obliga a cuestionar la validez de los argumentos que fundamentaron la intervención de enero de 2026. Si el muelle comercial es apto para absorber la operatoria de catamaranes y cruceros, resulta imperativo que la Agencia explique si los riesgos que motivaron su toma de control fueron sobredimensionados, o si, por el contrario, la actividad actual se desarrolla bajo condiciones de vulnerabilidad técnica que la propia autoridad nacional reconoció pero optó por ignorar. La falta de transparencia sobre este punto sugiere que la seguridad portuaria podría estar siendo gestionada bajo criterios de conveniencia política antes que por estándares técnicos.
La incertidumbre se profundiza ante la marcada inacción de los actores involucrados. La Dirección Provincial de Puertos (DPP) persiste en un hermetismo que impide conocer el origen del deterioro y la omisión de las obras de mantenimiento necesarias durante su gestión. Por su parte, la Prefectura Naval Argentina, como garante de la seguridad en la navegación, tampoco ha transparentado su historial de inspecciones ni las razones por las cuales se permitió la operación sobre estructuras que, según las auditorías actuales, carecían de condiciones mínimas de servicio.
Finalmente, el escenario expone una preocupante pasividad del sector privado. Las empresas que explotan el servicio de catamaranes, siendo testigos diarios del deterioro progresivo de la infraestructura, no han logrado acreditar acciones preventivas o denuncias formales que priorizaran la integridad de sus pasajeros y trabajadores. El cuadro resultante es el de un sistema portuario donde la seguridad es un argumento maleable y donde la responsabilidad se diluye en un silencio compartido entre el Estado y los operadores comerciales, dejando a la comunidad sin garantías reales sobre el estado operativo de la principal puerta de entrada marítima de la ciudad.