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El diputado nacional Jorge Neri Araujo Hernández presentó un proyecto de resolución para crear una Subcomisión Especial Investigadora en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, con el objetivo de esclarecer denuncias vinculadas al funcionamiento, control y facturación de prestaciones médicas del PAMI en la Provincia de Tierra del Fuego.
La iniciativa, identificada bajo el Expediente N.o 3463-D-2026, cuenta con el acompañamiento de los diputados nacionales Lorena Pokoik, Ana María Ianni, Martín Aveiro, Cristian Andino, Pablo Yedlin, Ariel Rauschenberger, Agustina Propato, Carlos Castagneto, Gabriela Pedrali, Juan Marino, Pablo Todero, Hilda Aguirre y Jorge Chica.
El proyecto parlamentario apunta a que la Cámara baja ejerza sus facultades constitucionales de control ante una extensa sucesión de actuaciones administrativas, pedidos de auditoría e investigaciones internas iniciadas a partir de 2025. Las denuncias recaen sobre presuntas irregularidades en la autorización, auditoría y facturación de prestaciones sanitarias financiadas con fondos públicos destinados a jubilados y pensionados.
«Cuando durante más de un año y medio se acumulan denuncias, expedientes, pedidos de auditoría e investigaciones sin respuestas claras, el Congreso tiene la obligación institucional de intervenir. Y esa obligación es todavía mayor cuando los recursos comprometidos pertenecen a nuestros jubilados», expresó Araujo Hernández.
El legislador nacional advirtió que la gravedad de la situación trasciende los casos particulares y pone en tela de juicio los mecanismos internos de control del Estado: «Lo verdaderamente preocupante no son solamente las irregularidades que pudieran haberse cometido. Lo más grave es que todavía no exista una explicación clara y completa sobre cuál fue la respuesta institucional del organismo».
Alcances de la Subcomisión Investigadora
De aprobarse la iniciativa, el cuerpo especial estará facultado para:
- Requerir expedientes, auditorías, informes y documentación administrativa.
- Convocar a funcionarios, exfuncionarios, profesionales, auditores y denunciantes.
- Reconstruir objetivamente los hechos y evaluar el desempeño de las autoridades competentes.
Desde el bloque impulsor aclararon que la medida no busca sustituir a la Justicia ni formular acusaciones anticipadas, sino garantizar el control político que la Constitución Nacional le asigna al Poder Legislativo frente a temas de extrema sensibilidad social.
Impacto en la salud de los sectores vulnerables
En un contexto de fuertes restricciones presupuestarias y exigencias económicas a nivel nacional, el diputado remarcó que el uso de los fondos públicos destinados a la salud debe administrarse con rigurosidad absoluta.
«El Gobierno Nacional sostiene que cada peso del Estado debe administrarse con el máximo rigor. Precisamente por eso, no puede existir un solo peso cuya utilización quede envuelta en dudas cuando pertenece al sistema de salud de nuestros jubilados», enfatizó.
Finalmente, Araujo advirtió sobre el impacto humano que conllevan estas presuntas anomalías: «Cada recurso del PAMI que no llegue a destino significa menos estudios, menos tratamientos, menos medicamentos y menos atención para quienes dependen exclusivamente de ese sistema de salud. La sociedad merece saber qué ocurrió, las instituciones tienen la obligación de explicarlo y el Congreso tiene la responsabilidad de garantizar que la verdad salga a la luz».