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La investigación judicial sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó testimonios clave que complican su situación procesal ante el fiscal Gerardo Pollicita. Durante la última jornada en Comodoro Py, la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi brindaron detalles sobre la adquisición de un semipiso en el barrio de Caballito, operación que se encuentra bajo la lupa por la presunta simulación de precios y la participación de prestamistas en condiciones inusuales. Según los expertos inmobiliarios, el inmueble ubicado en la calle Miró al 500 posee un valor de mercado que oscila entre los 345 mil y 375 mil dólares, cifra que contrasta drásticamente con los 230 mil dólares declarados en la escritura firmada en noviembre de 2025.
El testimonio de Rucci reveló que la propiedad estuvo inicialmente publicada a un precio mucho mayor y que fue sometida a una reforma integral antes de ser transferida al funcionario. El entramado de la compra incluye una hipoteca privada por el 87 por ciento del valor total, otorgada por dos jubiladas de ingresos limitados que, según la investigación, no conocían previamente al Jefe de Gabinete.
Esta maniobra, mediada por Pablo Martín Feijoo —hijo de una de las prestamistas y allegado a Adorni—, refuerza la hipótesis judicial de un crédito simulado diseñado para justificar una transacción que de otro modo resultaría inconsistente con los ingresos declarados por el exvocero presidencial.
A las inconsistencias en el precio del inmueble se sumó un vínculo que une a los protagonistas con el pasado deportivo. Marcelo Trimarchi reconoció ante la justicia ser amigo personal del dueño original del departamento, el exfutbolista Hugo Morales, con quien compartió plantel en el club Lanús a fines de la década del 90. Para los investigadores, esta red de amistades y contactos previos podría haber facilitado el mecanismo de subfacturación de la propiedad, permitiendo declarar un patrimonio menor y reducir el impacto impositivo de la operación.
Más allá del caso del departamento en Caballito, la lupa judicial se extiende sobre otros desembolsos recientes que superarían con creces los ahorros declarados por Adorni al inicio de su gestión. La justicia analiza pagos en efectivo por unos 85 mil dólares destinados a la adquisición de propiedades en un exclusivo country y la cancelación de deudas previas, montos que duplican lo manifestado por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción.
Asimismo, se investigan gastos suntuosos vinculados a viajes familiares en jet privado a destinos internacionales, vuelos en primera clase y consumos de tarjetas de crédito que no guardarían relación con su salario estatal, configurando un escenario de presunto enriquecimiento ilícito que el Jefe de Gabinete deberá explicar en sede judicial.