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En un contexto donde la realidad económica de Argentina en 2026 parece redefinir las estructuras tradicionales, el análisis sobre la convergencia de las problemáticas sociales ha cobrado una relevancia central. María Migliore, politóloga y dirigente política argentina, abordó recientemente la persistente narrativa que intenta presentar a la clase media y a la clase baja como sectores en pugna, advirtiendo que este enfoque dicotómico no solo distorsiona la conversación pública, sino que ignora la homogeneización de las urgencias cotidianas. Según la analista, la sensación de desprotección o de «estar a la intemperie» se ha convertido en un denominador común que atraviesa los barrios residenciales y los sectores populares por igual, manifestándose principalmente en la incertidumbre financiera que se dispara cada vez que se acerca la mitad del mes.
Este diagnóstico se apoya en la percepción compartida de problemas que antes se consideraban exclusivos de ciertos estratos. La crisis habitacional es, quizás, el ejemplo más gráfico de esta desdibujada línea divisoria: el fenómeno de las mudanzas forzadas hacia zonas periféricas debido a contratos de alquiler inalcanzables impacta tanto en familias jóvenes de clase media como en sectores trabajadores, complicando la logística de vida y el acceso a los centros laborales. Migliore subrayó que el deterioro en la experiencia de los servicios públicos y la movilidad urbana también genera una frustración colectiva; independientemente de si el traslado se realiza en tren, colectivo o vehículo particular, la percepción de viajar mal y llegar tarde es una realidad que no distingue entre niveles de ingresos.
Para sustentar esta visión, se presentaron cifras que reflejan la magnitud del fenómeno: el 46% de los argentinos, casi la mitad de la población, reportó tener preocupaciones económicas idénticas, marcando un hito en la conciencia social del país. Si bien se reconoce que la vulnerabilidad extrema —como no tener garantizada la alimentación— representa un escalón de gravedad distinto, la angustia por el mantenimiento del hogar y la solvencia mensual se ha vuelto universal. El endeudamiento aparece aquí como el gran nivelador; datos recientes del INDEC indican que el 40% de los hogares argentinos debió recurrir a la venta de pertenencias o al consumo de ahorros previos para cubrir gastos corrientes, mientras que un 25% de las familias se vio forzado a solicitar préstamos externos para poder subsistir durante el último año.
Finalmente, el análisis advierte sobre los peligros de mantener un discurso político que profundiza la segmentación social. Para Migliore, el enfrentamiento inducido entre estos sectores solo garantiza que los problemas estructurales permanezcan sin solución, ya que impide la construcción de una mayoría social que demande políticas de nivelación hacia arriba. La reflexión concluye en que la verdadera urgencia no reside en determinar quién atraviesa una situación de mayor precariedad, sino en cuestionar por qué el debate público insiste en tratar como enemigos a sectores que enfrentan las mismas barreras económicas, obstaculizando así la posibilidad de una recuperación que integre y fortalezca la base de la clase media argentina.