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El poder Judicial tiene la potestad de no aprobar artículos de los decretos si considera que van en contra de otros derechos o si son inconstitucionales
Luego del anuncio de Javier Milei en cadena nacional -acompañado por sus ministros- el Gobierno Nacional avanzó con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia que desregula la economía argentina a partir de la derogación y modificación de cientos de leyes. El fin de las leyes de Alquileres, de Tierras y de Abastecimiento, flexibilización del mercado laboral y la antesala a la privatización de empresas públicas son algunas de las reformas que contemplan los 366 artículos del documento de 83 páginas
Sin embargo, este enorme paquete de medidas todavía puede ser rechazado tanto por la Justicia como por el Congreso.
Así, tras la publicación en el Boletín Oficial, el Congreso lo deberá tratar para darle el visto bueno o rechazarlo.
Por el lado del Legislativo, hay un camino que debe recorrer el DNU dentro del Congreso donde los diputados y senadores definirán si aprueban o rechazan las medidas del Ejecutivo.
¿Puede el Congreso derogar las medidas del Ejecutivo?
Cada uno de los DNU promulgados por el poder Ejecutivo deben tener un paso previo por el Congreso. A lo largo del proceso, donde los legisladores analizarán si aprueban o no la medida, mantendrá fuerza de ley.
El jefe de Gabinete, en este caso Nicolás Posse, debe enviar en los próximos 10 días el decreto a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, conformada por 8 diputadas y 8 senadores, cuyos nombres todavía deben definirse.
Luego, la Comisión debe elevar un dictamen que cuente con la firma de la mayoría absoluta de sus miembros a ambas cámaras, también dentro de 10 días. En este dictamen, la Bicameral deberá expedirse sobre la validez o invalidez del decreto y sobre la procedencia formal y la adecuación a las bases de la delegación y al plazo fijado para su ejercicio.
Una vez que ingrese a cada Cámara, los Diputados y Senadores únicamente tendrán la posibilidad de aprobar o rechazar el DNU, no hay instancias de suspensiones, agregados o cualquier tipo de modificación a la norma. La aceptación o el rechazo del decreto debe contar con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes.
Si ambas cámaras rechazan el DNU, este pierde validez de forma permanente. De todos modos, en el período que comprende la promulgación del decreto hasta el final de su tratamiento en el Congreso, mantendrá la vigencia como una ley más.
¿Es legal el DNU?
Este clima es lo que lleva al gran interrogante político del momento: ¿puede este DNU pasar la aprobación del Congreso? Algunos analistas políticos ya adelantaron su escepticismo.
Mientras se pone la lupa sobre la «letra chica» del texto, ya se escucharon cuestionamientos en el sentido de que varios puntos del decreto -como por ejemplo la posibilidad de que los clubes de fútbol se conviertan en sociedades anónimas- de ninguna manera pueden ser catalogados como un asunto «de necesidad y urgencia».
Hace ya varios días que es materia de debate si es legal que un decreto derogue leyes. La coincidencia de los constitucionalistas es que sí lo es -y de hecho hay varios antecedentes-, siempre que se den ciertas condiciones.
Se necesita que ambas cámaras del Congreso den su conformidad. Si solamente una rechaza, el DNU queda en pie. Por otra parte, no puede haber derogaciones parciales del decreto: se lo aprueba o rechaza de manera íntegra.
Lo cual no significa, claro, que pueda abrirse ahora un período de negociaciones, de forma tal que sea el propio presidente el que introduzca cambios en el texto para eliminar puntos que sean objeto de cuestionamiento por parte de sectores aliados.
En todo caso, lo que ocurrió con el DNU de Milei es una aceleración de los tiempos políticos, a tal punto que podría acelerar la vuelta al primer plano de figuras que habían decidido bajar el perfil, como el ex ministro y candidato Sergio Massa.
Y en las especulaciones políticas ya aparece la posibilidad de que, ante una oposición fuerte, se generen las condiciones para una convocatoria a consulta popular. En otras palabras, que Milei juegue su gobernabilidad de cuatro años a un referéndum. A todo o nada.