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En octubre de 2020, en plena pandemia, con el aislamiento y el distanciamiento impuesto por el entonces gobierno nacional, comenzó a dictarse en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) la Licenciatura en Administración Pública.
El inicio de la cursada de la licenciatura significó un punto de inflexión en la carrera administrativa en formato académico universitario. Si bien la oferta educativa superior para estudiar administración pública tiene un vasto historial en la provincia con las Tecnicaturas Superiores dictadas en los CENT 11 y 35, y en la Tecnicatura Superior en Administración de la Universidad Tecnológica Nacional, incorporar la carrera en el ámbito universitario constituyó toda una novedad y un desafío.
Por tal motivo, y con la necesidad de jerarquizar a los egresados técnicos en administración pública, se decidió estructurar un Ciclo Complementario que pueda ampliar los conocimientos adquiridos en las tecnicaturas y les otorgue a éstos la licenciatura al cabo de dos años. Luego de cuatro cohortes de la Licenciatura, este mes se verá el fruto del trabajo sembrado con la titulación de la primera egresada en Administración Pública de la UNTDF.
Todo un símbolo en momentos en donde lo público y lo estatal viene siendo denostado sistemáticamente por el actual gobierno nacional. Qué significativo que la Licenciatura en Administración Pública se dicte de manera gratuita en una Universidad Nacional, y que la futura profesional sea personal de planta del estado provincial.
El destrato y la denostación hacia la administración pública (en cualquiera de sus niveles nacional, provincial o municipal) ha sido una práctica constante de los gobiernos liberales y neoliberales, mostrando al Estado como un monstruo ineficiente.
La idea de un Estado pequeño en materia ideológica se justifica y fundamenta con la necesidad de achicarlo hasta el punto que solamente queden los más “aptos” y los más “adecuados” para el cargo. Consecuentemente esta “ineficiencia” se plantea discursivamente como la causa de todos los problemas burocráticos que atraviesan las estructuras del Estado, en donde la única solución posible es su achicamiento o su desintegración: a grandes problemas, grandes soluciones.
El mensaje resulta por demás elocuente, el Estado es todo menos eficiente. Y la ineficiencia del Estado se da no solamente por su elefanteásica estructura, sino (y principalmente) por los agentes que lo integran. La ecuación tiene una sola orientación, para que un Estado sea ágil debe tener menos peso, menos carga, de esta manera podrá tener un desempeño más apto y más adecuado a los tiempos que vivimos. Con un panorama como el descripto, en las mentes acotadas la única salida posible es a la que estamos asistiendo: achicamiento del Estado con despidos masivos, reducción flagrante de las estructuras y desfinanciamiento. Todo esto en virtud de darle lugar al mercado para que reemplace la labor de un actor anquilosado y vetusto.
La burocracia no es potestad de los Estados, la eficiencia no es monopolio de las empresas privadas y la administración pública no es ineficiente per se. Consideramos que la discusión es relevante en tiempos en donde se ponen de manifiesto nuevamente dos modelos que debieran ser complementarios (como se da en otros países) y no de reemplazo de uno por otro.
Está claro, el sector privado cumple un rol determinado por sus características específicas; y el sector público tiene responsabilidades mínimas indelegables que el sector privado no debe suplir. En este sentido, la capacitación de los agentes públicos reviste importancia siempre que el beneficio de su actividad redunde en la calidad de la vinculación con la comunidad. El Estado debe ser eficiente y cumplir con su rol, creemos que la mejor manera de lograr este objetivo es mejorar sus condiciones y posibilitar a sus agentes la capacitación adecuada a cada función, y así la ganancia social redundará en mejora para toda la comunidad.
Walter Bogado: Docente-investigador IDEI-UNTDF, y Coordinador de la Lic. en Administración Pública de la UNTDF